El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una nueva orden ejecutiva que busca limitar la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera con México.
Aunque no es la primera vez que el gobierno demócrata impone restricciones para disuadir la migración, la de hoy es la acción más drástica que Biden ha tomado en su presidencia y hace eco de medidas usadas por el expresidente republicano Donald Trump.
Las medidas restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur; se activarán cuando el número de cruces irregulares supere una cifra concreta y se pausarán cuando disminuyan.
Cuando entren en vigor, las medidas permiten que las autoridades deporten a los países de origen o expulsen a México a las personas que crucen de manera irregular, a menos que prueben bajo unos estándares más estrictos que pueden ser perseguidas o torturadas si son expulsadas.
En concreto, las restricciones se activarán cuando se supere un promedio de 2 mil 500 cruces irregulares diarios en la frontera por un periodo de siete días.
Los cruces diarios ya están por encima esa cifra, por lo que entrará en vigor “de inmediato”, según informaron funcionarios en una llamada con reporteros.
La única manera de que se levanten las restricciones es que el número de detenciones baje a un promedio de mil 500 diarios durante 14 días.
Esta reducción es complicada de alcanzar, ya que una cifra tan baja de detenciones no se ha reportado desde julio de 2020, en plena pandemia.
“Una vez entre en vigor, esta prohibición podría mantenerse por un largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta el alto número de personas que llegan a la frontera sur”, señaló Kennji Kizuka, experto en temas de asilo de la organización International Rescue Committee.
Para poder solicitar asilo en Estados Unidos cuando la restricción esté en pie, una persona tiene que probar que existe una “probabilidad razonable” de que será perseguidas o torturada si es enviada de vuelta su país de origen.
La orden se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 que otorga al presidente la autoridad de prohibir la entrada a ciertos migrantes mediante decreto si se considera que su ingreso sería “perjudicial” para el interés nacional.
Trump invocó este artículo en varias ocasiones durante su mandato, incluyendo para prohibir la entrada de personas de países de mayoría musulmana. El gobierno republicano fue sujeto de múltiples demandas por parte de organizaciones por el uso de este artículo.
Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que están ya “preparados” para cualquier disputa legal y la organización en defensa de los derechos humanos ACLU anunció ya que impugnará la orden en los tribunales.
Desde que en mayo de 2023 se levantó Título 42, una restricción que entró en vigor en la pandemia y permitía las deportaciones directas de migrantes a México, el gobierno de Biden ha puesto en pie varias medidas para limitar quién puede pedir asilo en Estados Unidos y deportar a un mayor número de personas.
Sin embargo, el efecto real que estas han tenido se ve limitado porque Estados Unidos no tiene la capacidad para revisar rápidamente las solicitudes ni para deportar o detener a todas las personas que llegan a la frontera, según expertos consultados por EFE.
Estados Unidos tiene actualmente un acuerdo con México para devolver a unos 30 mil migrantes al mes, pero sólo los provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
“Simplemente, no hay tantos aviones” para llevar a cabo deportaciones, señaló a EFE Adam Isaacson, experto de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Lo que ha estado pasando hasta ahora es que las autoridades de Estados Unidos permiten a esas personas entrar en el país mientras se procesa su solicitud de asilo en una corte.
Y así, pasan años hasta que tienen oportunidad de presentarse hasta un juez y saber cuál será su futuro, según explicó Aaron Reichlin-Melnick, analista del American Immigration Council.
Articulo de: MILENIO
