En este Centro se invirtieron tres mil 750 millones de pesos con una capacidad para albergar un mínimo de tres mil 300 internos bajo los más altos estándares de seguridad. Fue concebido y construido como parte de la Estrategia Penitenciaria que la actual administración diseñó para cumplir una función esencial del Estado: garantizar el imperio de la ley y la seguridad de las familias.
Por muchas décadas, México careció de una política nacional que permitiera el adecuado tratamiento de la población penitenciaria. Las cárceles del país acusaban un grave deterioro estructural; principalmente en materia de infraestructura, tecnología y personal confiable. Este deterioro se reflejó en 3 graves problemas: el hacinamiento en los penales, la corrupción sistemática en su interior, y con ello la imposibilidad de prevenir que los internos reincidieran una vez cumplida su sentencia.
Al no tener las capacidades necesarias para custodiar al total de la población penitenciaria, se puso en marcha un conjunto de acciones dirigidas a modernizar los penales federales, a fortalecer la seguridad en su interior y a crear las condiciones propicias para facilitar la reinserción social de los internos. Entre esas acciones destacan las siguientes:
Se inició un proceso sin precedentes para construir infraestructura moderna que permitiera al Gobierno Federal controlar y administrar las penas impuestas a delincuentes federales.
Se pusieron en marcha una serie de acciones para garantizar la confiabilidad y el profesionalismo de los servidores públicos que forman parte de la administración penitenciaria federal. Con este propósito surge la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que desde su creación en mayo de 2009 ha formado a 31 generaciones, más de cinco mil servidores que se han integrado al Sistema Penitenciario Federal. Todo el personal ha sido capacitado para ejercer su labor con pleno respeto a los derechos humanos ya que la modernización del Sistema Penitenciario mexicano, impulsada por la actual administración, contiene como parte central, el tratamiento de los internos en condiciones humanas y con respeto a sus derechos.
En este Gobierno se sientan las bases de un sistema penitenciario que ya no concibe a las cárceles como centros de contención de delincuentes, sino como instancias que, además de garantizar su adecuado control, deben contribuir a su efectiva reinserción social. El sistema penitenciario avanza en la reinserción de los internos mediante programas para el trabajo, la educación, la salud y el deporte; principios en materia penitenciaria.
Con estas acciones se escribe un nuevo capítulo del Sistema Penitenciario Federal en el país. Por lo que el Jefe del Ejecutivo señaló que al término de su administración se contará con 21 Centros Federales que, además de ser seguros, contribuirán a la reinserción social de los internos. Y al finalizar este año la totalidad de internos federales estará totalmente custodiada en penales federales.
Aunque aún queda mucho por hacer, la transformación que el Gobierno Federal ha impulsado en materia penitenciaria hoy ofrece muestras de su eficacia, como lo señala el Mandatario, “en lo que va de esta administración no se ha registrado una sola fuga, ni ha fallecido por violencia un solo interno en los Penales Federales. Ahora, el reto es que estos esfuerzos se repliquen en la esfera estatal y local, para garantizar con ello el fortalecimiento de todas las cárceles del país. Sólo así los sistemas carcelarios locales podrán ser un activo del Estado en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Para finalizar, el Mandatario puntualizó que “El Gobierno Federal, por supuesto, seguirá empleando todos los recursos lícitos a su alcance en la defensa de las familias mexicanas y de nuestras comunidades, en la lucha por un México más seguro para todos”.
