Según una investigación del diario The New York Times, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México habría llevado a cabo actividades de espionaje contra políticos de oposición y de Morena, entre ellos Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez; Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México; Higinio Martínez, senador por la misma entidad, y Lily Téllez, senadora por el PAN.
La Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, habría solicitado a la compañía Telcel registros telefónicos, de texto y geolocalización de estos personajes, alegando investigaciones por secuestros y desapariciones. Las órdenes judiciales fueron enviadas entre 2021 y los primeros meses de 2023, pero según abogados consultados por el diario, estas solicitudes serían ilegales.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, expresó su preocupación: “El sistema se manipula con facilidad, los fiscales pueden inventar carpetas de investigación o usar algunas existentes para obtener información sin ninguna supervisión judicial”.
El espionaje a Taboada habría comenzado en 2021, un año antes de que anunciara su intención de buscar la candidatura del Frente Amplio por México a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Higinio Martínez, dirigente del Grupo de Acción Política al que pertenece Duarte y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también fue blanco de estas acciones.
Ambos políticos negaron cualquier relación con actividades ilícitas, y Martínez condenó el acto como lamentable y condenable, recordando la promesa del presidente de no espiar a nadie durante su gobierno.
La legislación establece que la Fiscalía debe presentar la orden de un juez en un plazo máximo de 48 horas, pero según los documentos revisados por el diario, Telcel no recibió dichas órdenes.
La noticia surge en un momento crucial, ya que la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía, propuesta por el gobierno de la Ciudad de México para otro período hasta 2028, está pendiente de decisión por parte del Congreso local. El límite plazo para la decisión es el 15 de diciembre.
