En los últimos días de agosto y septiembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado declaraciones públicas solicitando que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) retire licencias de transmisión a redes televisivas que producen contenido crítico con su gobierno.
Estas peticiones, que generan amplio debate sobre libertad de expresión y los límites legales del poder ejecutivo, surgen en un contexto de creciente tensión entre la administración Trump y los medios de comunicación.
Trump centró sus críticas en redes como ABC y NBC, acusándolas de emitir historias desfavorables hacia él en proporciones exageradas.
En un tuit publicado en su plataforma Truth Social, el presidente aseguró que ABC y NBC “dos de los ‘fake news’ más sesgados de la historia” dedicaban 97 por ciento de sus historias a reportarlo negativamente.
A partir de ahí, afirmó: “si ese es el caso, según muchos, sus licencias deberían ser revocadas por la FCC. Yo estaría totalmente a favor de eso porque son tan sesgados y poco veraces”.
La petición no se limita sólo a la revocación de licencias. Trump también ha sugerido que esas redes paguen tarifas (“license fees”) elevadas por usar espectro público, dada la percepción de que abusan de ese acceso al emitir contenido crítico hacia él y su administración.
El gobernador de estas peticiones se da justo después de que el show de comedia nocturna Jimmy Kimmel Live! fuera retirado indefinidamente del aire por ABC, tras los comentarios de Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.
Esa suspensión fue promovida luego de que el presidente del FCC, Brendan Carr, instara a los emisores a “cesar transmisiones” relacionadas con esas críticas. Trump celebró la medida y sugirió que cadenas similares deberían enfrentar sanciones si continúan con lo que él considera cobertura hostil.
Las motivaciones de Trump parecen estar en su percepción de que los medios tradicionales le son adversos y que reportan de forma “injusta”.
En sus declaraciones recientes, el presidente ha repetido que una abrumadora mayoría de las noticias sobre él son negativas, y que esto constituye un sesgo sistemático que, en su visión, debe tener consecuencias regulatorias.
Otra razón es estratégica: al presionar a la FCC, Trump pone al presente al regulador en el centro de una guerra cultural más amplia, fortaleciendo su base política que denuncia medios partidistas, “fake news” o medios como adversarios.
También envía un mensaje a las cadenas y anunciantes de que podría haber costos regulatorios al producir perfiles críticos.
Expertos legales, grupos de la prensa y comisionados de la FCC han advertido que lo que pide Trump enfrenta serias barreras constitucionales. Por ejemplo, la comisionada demócrata Anna Gomez, de la FCC, declaró que remover una licencia simplemente debido al contenido crítico violaría los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de los EU.
Además, existe una distinción legal importante: es una estación local la que posee licencia de transmisión, no la red nacional.
Las redes como NBC, ABC o CBS no tienen licencias federales para la emisión de todos sus contenidos a nivel nacional, sino que operan mediante afiliados locales que sí tienen licencias otorgadas por la FCC. Esto complica el alcance de cualquier revocación a nivel de red nacional.
Trump ha continuado mencionando que cadenas “deberían pagar millones de dólares al año en tarifas de licencia” si usan el espectro público para emitir sus programas.
Pero estas tarifas están reguladas por leyes existentes, y la FCC tiene reglas muy claras sobre cuándo una licencia puede revocarse — por ejemplo, incumplimientos técnicos, financieros o regulatorios — no por desacuerdo político con el contenido.
La propuesta de Trump ha suscitado reacciones fuertes. Organizaciones de prensa, defensores de la libertad de expresión y algunos políticos han alertado de que esta estrategia podría sentar un precedente peligroso para la censura estatal.
La comisionada Anna Gomez llamó a la suspensión de Jimmy Kimmel Live! una “capitulación corporativa cobarde” y afirmó que la FCC no tiene autoridad constitucional para revocar licencias basándose solamente en contenido crítico.
Por su parte, el presidente Trump y aliados han defendido la idea argumentando que los medios tienen responsabilidades al usar el espectro público y que esos medios deberían ser regulados en función de su “interés público”, estándar que la FCC históricamente ha invocado para justificar regulaciones.
Aunque Trump ha pedido públicamente que la FCC revoque licencias, hasta ahora no ha presentado una petición formal al Congreso para cambiar la ley que regula las licencias o redefinir lo que constituye un incumplimiento del estándar de interés público por sesgo crítico.
Cualquier intento concreto de revocar licencias basado en contenido político probablemente terminaría en tribunales, dado que la jurisprudencia estadounidense protege fuertemente la libertad de prensa.
Algunos observadores señalan que incluso la amenaza de sanción puede generar autocensura entre los medios, lo cual tiene implicaciones importantes para la democracia.
También podría afectar fusiones mediáticas, licencias locales, derechos de afiliados, y la percepción pública del papel regulatorio de la FCC.
Articulo de: Oswaldo Rojas-https://www.excelsior.com.mx/global/trump-fcc-licencias-tv-libertad-expresion/1740371
