El Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, presentó un recurso de reclamación ante la Corte, para impugnar la suspensión que se otorgó el 3 de julio, como parte del inicio de revisión a una controversia constitucional promovida por el Gobierno de Tamaulipas contra la Política de la Secretaría de Energía.
Tal como lo prometió el 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso para defender y reactivar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de la Secretaría de Energía, la cual fue suspendida por orden del máximo tribunal el pasado 29 de junio.
El Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, presentó un recurso de reclamación ante la Corte, para impugnar la suspensión que se otorgó el 3 de julio el ministro Luis María Aguilar, como parte del inicio de revisión a una controversia constitucional promovida por el Gobierno de Tamaulipas contra la Política de la Secretaría de Energía.
El pasado 12 de junio, AMLO afirmó que las decisiones judiciales no detendrán la política energética de su gobierno. Acusó que, incluso, inversionistas del sector se han ido a “quejar” con el gobierno de Estados Unidos por esa situación.
Todos los que sean, claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación, claro que lo vamos a hacer”, sostuvo.
El 29 de junio, la Suprema Corte suspendió la Política de confiabilidad emitida por la Sener el 15 de mayo de 2020.
“Se suspenden todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, notificó en estrados el Poder judicial.
Este jueves, el presidente López Obrador a través de su Consejero Jurídico, pidió a la Corte retirar la suspensión que concedió el 3 de julio. El recurso será analizado en los próximos días, incluso meses, periodo en el cual la suspensión seguirá vigente.
El pasado 22 de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Corte, por considerar que dicha política violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución federal, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.
“El instrumento publicado afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector.
“Ello porque la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, estimó la Cofece.
