El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que instruye a los funcionarios federales a acelerar la apertura de la plataforma continental del país a las empresas mineras. La medida tiene como objetivo garantizar el suministro nacional de minerales críticos, esenciales para la economía y la seguridad del país, en medio de crecientes tensiones con China.
La orden ejecutiva, la número 139 desde el inicio de su mandato, autoriza la evaluación de oportunidades para la exploración, minería y monitoreo ambiental del lecho marino tanto en aguas estadounidenses como en zonas internacionales y territorios de naciones dispuestas a colaborar con empresas estadounidenses.
“Estados Unidos se enfrenta a retos económicos y de seguridad nacional sin precedentes a la hora de garantizar un suministro fiable de minerales críticos, independientemente del control de adversarios extranjeros”, señala el documento, que menciona explícitamente a China como una preocupación estratégica.
La decisión del gobierno estadounidense marca un giro significativo hacia la explotación de recursos en alta mar, en un contexto en el que muchos países aún debaten normativas para evitar daños ambientales en estos ecosistemas poco explorados. A diferencia de otras naciones, como Noruega, que archivaron proyectos similares ante la presión de grupos ecologistas, la administración Trump ha optado por priorizar la autonomía minera y energética.
La iniciativa podría intensificar la competencia global por minerales esenciales como el litio y los metales de tierras raras, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
La orden ejecutiva llega poco después de que la secretaria general de la AIFM, Leticia Carvalho, advirtiera que cualquier acción unilateral en este ámbito violaría el derecho internacional. Cabe destacar que EE.UU. no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a diferencia de 169 países y la Unión Europea.
El anuncio de la Casa Blanca coincidió con la propuesta de la Comisión Europea de incorporar a la legislación comunitaria el Acuerdo sobre Biodiversidad más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como el Tratado de Alta Mar. Este tratado busca crear vastas áreas marinas protegidas en línea con los objetivos del Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal de 2022.
