Italia enfrenta un complicado dilema para cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB exigido por la OTAN, sin que ello signifique recortar servicios públicos esenciales o generar una crisis política interna. Aunque el Gobierno de Giorgia Meloni asegura que alcanzará esta meta antes de finales de 2025, fuentes cercanas citadas por POLITICO señalan que la consecución de este objetivo podría depender de maniobras contables que no serían aceptadas por Bruselas ni por la propia Alianza Atlántica.
El debate sobre el gasto militar ha cobrado mayor relevancia en Europa debido a la creciente presión de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump llegó a sugerir un incremento del gasto hasta el 5% del PIB para garantizar la seguridad colectiva, en un contexto internacional cada vez más inestable. Actualmente, Italia dedica solo el 1,49% de su PIB a la defensa, por lo que la necesidad de aumentar la inversión militar se vuelve urgente, sin embargo, el Gobierno de Meloni se enfrenta a un dilema fiscal importante. De acuerdo con los analistas, debe incrementar el presupuesto para defensa sin comprometer el equilibrio fiscal, lo que podría resultar en la oposición de una población italiana mayoritariamente escéptica respecto al rearme.
El ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, ha asegurado que Italia podrá alcanzar el 2% sin aumentar el gasto real mediante la reclasificación de ciertas partidas civiles como gastos de defensa. Entre estos se incluyen organismos como la Guardia de Finanzas y la Guardia Costera, que tradicionalmente han sido catalogados como cuerpos de seguridad pública en lugar de militares. Esta estrategia, que busca evitar recortes en áreas sensibles como sanidad o educación, podría ser rechazada por la Comisión Europea y la OTAN, quienes revisarán las cuentas italianas durante el año, mostrando un escepticismo considerable frente a esta “maniobra contable”.
El dilema italiano no es solo de índole técnica o presupuestaria, sino profundamente político. Cumplir con el 2% del PIB en defensa sin aplicar medidas impopulares podría requerir una reinterpretación del concepto de “gasto militar” o bien una mayor inversión en armas de fabricación estadounidense, lo cual podría calmar a Washington, pero, a su vez, avivaría las críticas internas en Italia. Fuentes citadas por POLITICO sugieren que una posible opción sería concentrar el gasto en materiales de doble uso o sistemas de defensa de fabricación estadounidense, reduciendo al mismo tiempo los costes de personal militar y mantenimiento a largo plazo.
Mientras tanto, el Parlamento italiano debate las proyecciones presupuestarias presentadas por Giorgetti. El Gobierno de Meloni justifica su compromiso con la OTAN como parte de una estrategia para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y como un componente de un paquete negociador que incluiría una posible reducción de aranceles. Sin embargo, la oposición interna es palpable, ya que la ciudadanía italiana, aún afectada por años de austeridad y los impactos económicos de la pandemia, muestra poca disposición a aceptar un aumento del gasto militar mientras persisten déficits en servicios públicos.
Bruselas ha ofrecido una posible solución: permitir que hasta un 1,5% del PIB en nuevos gastos de defensa no se cuente dentro del cálculo del déficit fiscal. No obstante, el Gobierno italiano ha rechazado esta opción, insistiendo en su método de reclasificar partidas civiles, lo que parece más una estrategia para mantener la narrativa de “no hay nuevo gasto” que una lógica económica sólida.
La gran incógnita es si esta postura será sostenible. Si la OTAN y la Comisión Europea no aceptan las cifras italianas, el Gobierno de Meloni se verá obligado a realizar recortes en otros sectores o a incrementar el gasto real en defensa, lo que podría generar un conflicto social y político de gran magnitud. Así, el dilema de Italia no solo es contable, sino también estratégico y existencial para el futuro de la estabilidad política del Gobierno de Meloni.
