El Tribunal Electoral rechazó que el Instituto Nacional Electoral investigue el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador por aparente promoción indebida a Claudia Sheinbuam, pues consideraron que sería un exceso, una censura previa y una persecución a las ideas.
El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que proponía ordenar al INE aceptar la queja de la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, en contra del libro ‘¡Gracias!’ del Presidente, fue rechazado por mayoría de votos.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña emitió un fuerte posicionamiento en contra del proyecto de Rodríguez Mondragón, pues advirtió que abrir la puerta a la solicitud de Gálvez para que se suspenda “la difusión, venta y publicidad” del libro del presidente se parecería a los peores regímenes autoritarios.
“Sólo en los regímenes dictatoriales se suspende la circulación de libros, terrible escenario para una democracia donde los libros tendrían que basarse en las situaciones políticas del momento.
“¿Habrá que quemar todos los libros en los que no estemos de acuerdo en su contenido?, ¿Vamos a censurar bibliotecas o vamos a quemarlas como en la Alemania nazi? No, los libros no se censuran”.
La magistrada Janine Otálora, la única en favor del proyecto de Rodríguez Mondragón criticó que “decir que esta decisión podría asimilarse a las que se tomaban en la Alemania nazi, estamos definitivamente muy lejos de ello y ni llamarlo”.
De la Mata Pizaña replicó que “en otro países y en otros momentos históricos habrán empezado con un libro y después seguirían con más”, y continuó señalando que las autoridades electorales ni siquiera tienen facultades para investigar libros y mucho menos, decidir censurarlos o quién los puede leer y quiénes no.
“En una sociedad democrática los libros no se imponen pero tampoco se prohíben ni pueden considerarse como piezas propagandísticas, no se consumen sin querer sino por lectores interesados en esas ideas, los libros son asuntos privados e íntimos, por lo que los libros no deben ser susceptibles de ser investigados y hasta censurados.
“¿O solamente se pueden circular los libros que sean de la oposición? ¿eso es lo único válido? Y no digo que sea lo que se dice en esta Sala sino que se puede llegar a una postura jurídica en contra de las ideas con las que no se coincide”.
La magistrada presidenta Mónica Soto sostuvo que aunque “suene fuerte” el comparativo con el régimen alemán, “sí se quemaban imprentas y sí se perseguía a quienes hablaban de democracias y libertades” y en este caso, el presidente también tiene derechos.
“Me parece que estaríamos sí haciendo una censura previa, lo cual me parece un despropósito, no hay indicios ni de medidas cautelares y ni siquiera para mandar investigar más, porque al momento de la queja este libro ni siquiera estaba a la venta, así que ahí sí podría haber un exceso y un atentado al derecho de la libertad de imprenta porque estamos en un estado democrático.
“Evidentemente el autor es el titular del Ejecutivo pero ése no es el punto, hay libertades. El presidente también tiene derechos. No importa el nivel de su cargo, todos podemos escribir, son derechos”.
El magistrado Felipe Fuentes, quien fue el primero en manifestarse en contra del proyecto que ordenaba al INE investigar, sostuvo que “una sociedad a la que se restringe el acceso a la información no es plenamente libre”.
“En una sociedad que está construyendo un cuerpo electoral informado, nos impulsa a confiar en la capacidad reflexiva del electorado y no asumir que sólo por tratarse de un libro de la Presidencia de la República existe una influencia indebida, pues ello implicaría deducir que hay un electorado irreflexivo capaz de tomar sus decisiones”.
Articulo de: Jannet López Ponce (Milenio)
