Líderes de pueblos originarios y especialistas han alzado la voz ante lo que consideran una exclusión sistemática: la falta de representación indígena en el proceso de selección de jueces y magistrados en México. De más de 3,000 aspirantes registrados, apenas seis se han identificado como indígenas.
La Reforma Judicial, impulsada con gran promoción por Morena —el partido en el poder—, fue presentada como una transformación estructural necesaria para hacer más eficiente al sistema de justicia, acercarlo al pueblo y adaptarlo a los cambios sociales y culturales que ha vivido el país en los últimos años. Sin embargo, en el decreto que sustenta la iniciativa, no se contemplan planes de integración ni cuotas de representación para los más de 23 millones de personas que se reconocen como parte de los pueblos originarios.
Organizaciones y especialistas advierten que la ausencia de mecanismos específicos para garantizar la participación indígena contradice el espíritu de inclusión que supuestamente promueve la reforma, y pone en duda el compromiso real del Estado mexicano con la diversidad cultural y la justicia social.
