“En un marco de transparencia y certidumbre jurídica, (la Conamer) debe ser respetada y apoyada por todos los mexicanos, pero sobre todo por las autoridades y reguladores de todos los órdenes de gobierno. Su función es parte fundamental del proceso democrático de México”, estableció el CEESP.
El sector privado instó al gobierno federal a no vulnerar la transparencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), como garante de un proceso para generar normas y regulaciones óptimas para el país.
“En un marco de transparencia y certidumbre jurídica, (la Conamer) debe ser respetada y apoyada por todos los mexicanos, pero sobre todo por las autoridades y reguladores de todos los órdenes de gobierno. Su función es parte fundamental del proceso democrático de México”, estableció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Entre el empresariado mexicano “existe una gran preocupación” acerca de algunas acciones por parte del Ejecutivo que atentan contra el procedimiento establecido de mejora regulatoria, como en el caso del 28 de octubre de 2019, cuando la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) y los requisitos para su adquisición”, que sin haber presentado el análisis de costo-beneficio que marca la ley, se avaló.
Además que el 15 de mayo pasado, con motivo de la presentación del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que también se publicó en el DOF sin haberse presentado los estudios correspondientes.
De acuerdo con el CEESP, “el Acuerdo de la Secretaría de Energía impone costos de cumplimiento por lo que debió aplicarse la Ley General de Mejora Regulatoria”.
La presentación directa del Acuerdo para su publicación ante el DOF, sin agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria significa una actuación que pone en riesgo, no sólo la eficacia de la ley, sino también el futuro de la generación limpia de electricidad y la moderación de su precio.
“La mejora regulatoria debe ser un procedimiento que posibilite que las regulaciones o normas administrativas garanticen los mayores beneficios sociales, analizando para ello —mediante evidencia— la justificación de los costos que podrían acarrear”, mencionó.
