En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha revelado que entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023, más de 220 activistas y 25 organizaciones en 40 países de todo el mundo han sido objeto de amenazas y represalias debido a su cooperación con la ONU. Estas amenazas, en ocasiones perpetradas por actores estatales, han generado una creciente preocupación en la comunidad internacional.
Entre los países citados en el informe se encuentran Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, India, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela. Los defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil han experimentado un aumento en la vigilancia y enfrentan tácticas legales restrictivas, limitaciones a su movilidad y amenazas, incluso penas de prisión por su colaboración con la ONU y sus mecanismos.
La asistente del Secretario General para Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, resumió el informe afirmando que “defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil sufren una creciente vigilancia y continúan sufriendo tácticas legales, limitaciones a su movilidad y amenazas, o recibiendo penas de prisión por cooperar con la ONU y sus mecanismos”.
El informe también señala un incremento en el número de personas que optan por rechazar las peticiones de cooperación con las Naciones Unidas o aceptarlas solo si su labor se mantiene en el anonimato. Además, se destaca que casi la mitad de los países mencionados en el informe han promulgado leyes que sancionan la cooperación con la ONU, bajo la justificación de combatir el terrorismo o defender la seguridad nacional.
Estos marcos legales, según el informe, representan graves obstáculos para los veteranos socios de las Naciones Unidas en todo el mundo, ya que se han utilizado para declarar ilegales a algunos de ellos, registrar sus oficinas o someter a interrogatorios, amenazas y juicios a su personal.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por esta tendencia preocupante de amenazas y represalias contra aquellos que trabajan en colaboración con la ONU en la promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de los objetivos internacionales de paz y seguridad. Se espera que este informe impulse la discusión y la acción a nivel mundial para abordar este creciente problema y garantizar la protección de aquellos que se dedican a la defensa de los derechos fundamentales en todo el mundo.
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