Eliminar a los organismos autónomos constitucionales sería un gran retroceso en materia democrática en nuestro país, además que, para llevarlo a acabo, se necesitaría una reforma de gran calado, opinaron expertos en política y constitucionalistas.
Los órganos constitucionales autónomos están avalados fundamentalmente en la Constitución, en ella se señala que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), es decir son independientes de actuar en sus decisiones y estructura orgánica.
Este proceso de autonomía comenzó en los años 90 con el entonces Instituto Federal Electoral cuando se aprobó la modificación del Artículo 41 constitucional, en donde se reforzó la autonomía e independencia al desligar por completo al poder Ejecutivo de su integración. El último órgano que recibió la autonomía fue el INAI, en el 2014 con la publicación de la Ley General de Transparencia.
“Tienen funciones determinados y relevantes en el gobierno. Todos estos órganos tienen la encomienda de atender derechos y necesidades sociales sin que dependan de los poderes tradicionales. Me parece que sirven para robustecer una democracia. Tienen el propósito de equilibrar y generar mayores pesos en una democracia. Hablar de la desaparición de los órganos autónomos no me parece que sea la mejor decisión”, explicó Rene Torres-Ruíz, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
Por su parte, César Astudillo Reyes, investigador de Jurídicas de la UNAM, sostuvo que de llevar a cabo la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, hecha desde enero del 2021, que considera la eliminación de los organismos autónomos, se estaría retrocediendo más de 30 años en lo que se refiere a avances en democráticos.
“Si ahora se quitan, claramente regresaríamos a una escalada de concentración muy desafortunada y muy preocupante del poder. La lógica debe de ser otra, porque no hay ningún argumento de la autoridad republicana que sustente el quitarlos, es un tema meramente político, al presidente no le gustan los controles, lo estamos viendo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el INAI, con el Instituto Nacional Electoral (INE) claramente. El único que no es la CNDH porque ya tiene completamente de su lado y así quisiera que estuvieran todos”, sentenció.
Por su parte, José Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, explicó que lo propuesto por López Obrador, no solamente es un golpe a las instituciones autónomas, o a la democracia, sino que es un atentando en contra del Estado en su generalidad. “Confunde el poder institucional con el personal, está sacrificando las instituciones”.
Para todos los especialistas, el llevar a cabo esta propuesta presidencial, se necesitaría una reforma de gran calado, ya que la autonomía de estas entidades y su espacio de actuación institucional están garantizados desde la Carta Magna.
“Se tendría que hacer una reforma a la Constitución general de la República, en segunda instancia reformas a todas las leyes que regulan a estos órganos, si quisieran llevarlos a las secretarías es una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o del Poder Judicial, dependiendo de dónde se quiera colocar y después una reforma a toda la normatividad externa, entonces bueno es una reforma de gran calado. Yo creo que no es posible, hay las garantías para que la Corte diga que un ejercicio como este es inconstitucional”, abundó el investigador de jurídicas de la UNAM.
Por su parte, José Fernández Santillán explicó que también es necesario tomar en cuenta las elecciones del próximo mes de junio, ya que para hacer estos cambios es necesario 334 diputados, es decir dos tercios, pero “según las encuestas, Morena no alcanzaría la mayoría calificada”.
Los expertos concluyeron que los órganos autónomos son una parte fundamental de la administración pública de cualquier gobierno en el mundo, y que de eliminarlos se estaría enviando un mal mensaje al exterior.
Dichos del presidente
Ayer, de nueva cuenta, el presidente dejó ver sus intenciones de impulsar una reforma administrativa sobre los órganos autónomos, para que éstos sean absorbidos por las secretarías de Estado y sean, dijo, “verdaderamente autónomos”.
Desde Palacio Nacional, el mandatario insistió en que organismos como el INE; el INAI, IFT y la Cofece, resultan muy costosos para el erario o que incluso no cumplen con su función.
“Entonces, todo esto lo vamos a revisar, es una reforma que vamos a llevar a cabo, una reforma administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión. Todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada, sólo cuando se trata de defender intereses creados, y ganan muchísimo; fueron los que se ampararon para poder ganar más que lo que gana el presidente. Entonces, vamos a revisar todos esos casos”, expresó.
Mientras que, en pleno proceso electoral, López Obrador adelantó que se buscará que el INE forme parte del poder Judicial, con el fin, de que sea un ente “autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es”.
En el 2019, al inicio de su gobierno, el presidente aseguró que no promovería ninguna reforma para desaparecer a los entes autónomos y que únicamente le apostaría por su renovación.
