El pleno del Senado de la República aprobó este jueves por 90 votos de Morena, PRI, MC, PVEM, PT, PES y PRD, y 25 abstenciones del PAN, el decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para garantizar la eficiencia de la red ferroviaria en el país, mismo que fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
Por la noche, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) manifestó su inconformidad por los ajustes debido a que se “violentan diversos principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y transgrede diversos tratados internacionales de los que México es parte” y que se busca imponer multas excesivas, discrecionales y desproporcionadas respecto de la conducta sancionada.
También propicia que se discrimine al sector ferroviario respecto de otros modos de transporte al imponer sobrerregulaciones y cargas administrativas, entre otros aspectos, lo cual ya genera preocupación a empresas como Ferromex y Kansas City Southern de México.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 35 años, y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda el mismo plazo.
Esto, siempre que el concesionario realice el mejoramiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados durante la vigencia de la concesión, de acuerdo con las verificaciones sistemáticas practicadas conforme a los indicadores de eficiencia, seguridad y los demás que se determinen en los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables.
Al respecto, la AMF afirmó que modificar el término de la renovación de las concesiones ferroviarias, de 50 a 35 años, vulnera derechos adquiridos y contraviene el Artículo 14 de la Constitución con efectos expropiatorios y afecta “severamente” las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, por lo que se genera un impacto negativo para la modernización de la industria y con ello, para la economía de México.
Se buscó mayor competencia
Desde la perspectiva del senador Ricardo Monreal Ávila, promovente de la enmienda, la regulación federal vigente provocó la concentración en el movimiento de carga.
En 2017, refiere el decreto, el 60.9% de la carga transportada por ferrocarril fue movida por el Consorcio Ferromex-Ferrosur, y el 33.9% por Kansas Southern of México, entidades que de manera conjunta concentran el 94.8% del flete total, dejando sólo un 5% al resto de las empresas que prestaron sus servicios (LCD, FTVM, FIT y ADMiCARGA), cancelando la posibilidad de incentivos para una competencia económica plena.
Y que el esquema de concesiones generó barreras de entrada, y falta de competencia porque sólo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores.
“Esto fue originado debido a que las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas se otorgan hasta por un plazo excesivamente amplio de 50 años…’’, cita el documento.
Cambios consensuados de última hora permitieron que, excepto el PAN, el resto de las fuerzas políticas representadas en la Cámara baja respaldaran los cambios.
En un comunicado de prensa, la AMF manifestó otra opinión. En uno de los cinco puntos que resumió su inconformidad, refirió que la nueva ley: cancela arbitrariamente la libertad para fijar tarifas, limitando su registro a cada dos años y previa opinión de conveniencia que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitiría de manera discrecional. Ello transgrede el Estado de Derecho, invade facultades de la autoridad competente de acuerdo con la Constitución e ignora el hecho de que actualmente las tarifas del transporte ferroviario mexicano se ubican entre las más competitivas a nivel mundial.
